La decisión fue firmada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, junto a otros miembros del gabinete. Según el documento, la suspensión se mantendrá vigente hasta que Israel cumpla con las órdenes provisionales de la Corte Internacional de Justicia o hasta que desaparezcan las condiciones que dieron origen a la restricción.

Un decreto con trasfondo internacional

El Gobierno colombiano justificó la medida en el marco del Derecho Internacional Humanitario y la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, argumentando que no es posible permitir que recursos estratégicos del país puedan ser usados en un contexto de vulneración de derechos humanos.

El anuncio se da en medio del nuevo rol de Colombia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025–2027. Con esta decisión, el Ejecutivo busca mostrar coherencia entre su discurso internacional y sus acciones comerciales, aun cuando el impacto económico pueda ser considerable.

El peso del carbón en las relaciones comerciales

El carbón ha sido, históricamente, el principal producto de exportación colombiano hacia Israel. Solo en 2024, estas ventas alcanzaron US$225 millones, lo que representó el 82 % de las exportaciones nacionales a ese país. La medida, entonces, no es marginal: se trata de un golpe directo a la balanza comercial de un sector que ya enfrenta presiones por la caída de los precios internacionales y la transición energética global.

Empresas como Glencore y Drummond habían advertido que una restricción absoluta podría derivar en conflictos legales, pues muchos de los contratos fueron suscritos antes de que se expidiera la primera prohibición parcial en 2024. El Gobierno, sin embargo, endureció su postura y cerró cualquier margen de maniobra.

Un sector en tensión

La prohibición llega en un momento delicado para la industria carbonífera colombiana. Glencore ya había anunciado un recorte del 50 % en la producción del Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina, debido a la baja en los precios y a las exigencias internacionales en materia ambiental.

En departamentos como La Guajira y Cesar, altamente dependientes de la minería del carbón, la medida podría intensificar el desempleo y las tensiones sociales. Para los gremios del sector, se trata de un riesgo que podría acelerar la pérdida de competitividad de la industria y afectar la confianza de inversionistas extranjeros.

Desde la Procuraduría ya se habían elevado alertas sobre la constitucionalidad del decreto. El organismo había recomendado no expedirlo, argumentando que podría vulnerar principios del comercio internacional y exceder las facultades del Ejecutivo.

Desafíos para la industria colombiana

Más allá de las repercusiones inmediatas, el reto para el sector industrial es adaptarse a un escenario de incertidumbre. Expertos consultados señalan que el camino pasa por diversificar mercados, impulsar la producción de energías limpias y fortalecer el diálogo público-privado para evitar impactos sociales más severos en las regiones productoras.

El carbón colombiano sigue siendo demandado en Europa y Asia, pero la tendencia internacional apunta a la reducción del consumo de combustibles fósiles. Esta coyuntura obliga a pensar en estrategias de largo plazo que combinen sostenibilidad con competitividad.

Fuentes: portafolio.com | eltiempo.com