Colombia aprueba planta regasificadora en La Guajira que sumará 250 MPCD al sistema de gas
El Ministerio de Minas incluyó el proyecto en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural. Una terminal flotante conectada al nodo Ballena abrirá una nueva puerta de entrada al gas importado en el Caribe colombiano.
La planta regasificadora en La Guajira que Colombia lleva meses debatiendo tiene ahora un lugar formal en la política energética del país. El Ministerio de Minas y Energía incorporó el proyecto al Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PAGN) mediante la Resolución 40031 de 2025, junto a otros 13 desarrollos estratégicos que buscan blindar el suministro nacional ante una demanda que no da tregua. La terminal tendrá capacidad para inyectar 250 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) al Sistema Nacional de Transporte, lo que la convierte en la apuesta más ambiciosa del Gobierno para diversificar las fuentes de gas antes de que el país empiece a sentir con más fuerza el declive de su producción propia.
La planta regasificadora en La Guajira, paso a paso
El proyecto fue evaluado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entidad responsable de proyectar las necesidades energéticas de Colombia y de identificar las obras necesarias para cubrirlas. Su directora, Indira Portocarrero, fue directa sobre lo que está en juego: el país necesita infraestructura que le permita responder de forma anticipada a los nuevos niveles de demanda, y la planeación actual debe contemplar escenarios más exigentes que los del pasado.
El corazón del proyecto es una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación —FSRU, por sus siglas en inglés—, una plataforma marina capaz de recibir cargamentos de gas natural licuado (GNL) en alta mar, almacenarlos y convertirlos al estado gaseoso para enviarlos a tierra. La FSRU que operará en La Guajira tendrá capacidad de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos de GNL.
TGI y Hocol: los actores detrás del proyecto
La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, es quien lidera la iniciativa. En enero de 2026, TGI firmó un acuerdo con Hocol —filial del Grupo Ecopetrol y operador de los campos Chuchupa y Ballena— para conectar la FSRU a la línea Chuchupa B–Ballena, un gasoducto submarino de 18,76 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro que ya existe y que será el canal de transporte del gas desde la plataforma flotante hasta el Sistema Nacional de Transporte. Con esa infraestructura en funcionamiento, el gas llegará a hogares, comercios y sectores industrial y térmico en distintas regiones del país.
“TGI podrá conectar la infraestructura flotante que ofrecerá el servicio de regasificación de gas natural licuado, convertirlo a estado gaseoso y transportarlo hasta el interior del país.”— Jorge Henao, presidente de TGI
Según información de Bloomberg Línea, TGI ya aseguró la FSRU mediante un contrato vinculante de 10 años con la empresa Hoegh Evi, y está preparando una licitación internacional para la compra del GNL. Para finales de 2025, los contratos con distribuidores como Grupo Vanti, EPM y Termocentro comprometían ya 190 de los 250 MPCD disponibles. El precio objetivo para el gas entregado en el nodo Ballena es de máximo 10 dólares por millón de BTU, muy por debajo de los 20 que pagaban en ese momento algunos consumidores industriales.
Gas importado en el Caribe: cómo funcionará la infraestructura
¿Qué es una FSRU y por qué Colombia apuesta por esta tecnología?
Una FSRU es esencialmente un buque adaptado que actúa como terminal de importación flotante. En lugar de construir instalaciones fijas en tierra —un proceso que puede tardar años y costar cientos de millones de dólares más—, la plataforma se ancla frente a la costa y se conecta al sistema de gas mediante tuberías submarinas. Es una solución probada en decenas de países y tiene la ventaja de que puede entrar en operación en plazos más cortos.
En el caso de La Guajira, la FSRU se ubicará a unos 16 kilómetros de la costa del departamento y se enlazará a la infraestructura terrestre mediante una línea submarina de aproximadamente 1,1 kilómetros que conecta con la plataforma Chuchupa B. Desde allí, el gas recorrerá el gasoducto ya existente hasta el nodo Ballena, uno de los puntos más críticos del sistema nacional de transporte de gas, y de allí se distribuirá hacia el interior del país.
Por qué Colombia necesita más gas y lo necesita ya
El contexto en el que se aprueba este proyecto no da mucho margen a la complacencia. Como documentó El Colombiano, Colombia enfrenta un déficit de gas proyectado de al menos 20% para 2026, que podría escalar por encima del 50% hacia 2030 si no se incorporan nuevas reservas o fuentes alternativas de suministro. La producción nacional ha caído sostenidamente, mientras la demanda de los sectores industrial, térmico y residencial sigue creciendo.
En ese escenario, las importaciones de gas natural licuado se han convertido en la opción más viable para ganar tiempo mientras Colombia define su matriz energética de largo plazo. El debate sobre dónde instalar las terminales de importación ha sido intenso: además de la planta regasificadora en La Guajira, el país tiene en marcha un proyecto en Coveñas (Sucre), liderado por Cenit, filial de Ecopetrol, con una capacidad inicial de hasta 400 MPCD y una meta de operación hacia el primer trimestre de 2027. También avanza la Regasificadora del Pacífico, en el suroccidente del país, con entrada prevista para el segundo semestre de 2026.
El Ministerio de Minas ha sido claro en que la estrategia no apuesta a una sola terminal sino a diversificar los puntos de entrada del gas importado. La inclusión del proyecto de La Guajira en el PAGN —junto a los otros 13 desarrollos priorizados— es la señal más concreta hasta ahora de que esa diversificación tiene respaldo institucional y no se trata únicamente de una promesa.
Lo que viene ahora es la parte más exigente: concretar los acuerdos comerciales, definir la decisión final de inversión y mantener los tiempos de ejecución. El país no puede darse el lujo de más demoras. Cada mes que pasa sin nueva capacidad de importación es un mes más cerca del punto en que la brecha entre oferta y demanda empiece a trasladarse directamente a las tarifas que pagan los colombianos.